La presidenta del Poder Judicial, Elvia Barrios, señaló que si un comportamiento se criminaliza -las filtraciones de información fiscal- por "línea de participación en un delito también puede incluirse a instigadores", como podría considerarse a periodistas.

La presidenta del Poder Judicial, Elvia Barrios, consideró que tras el proyecto de ley anunciado por el Gobierno que plantea sancionar hasta con cuatro años de cárcel a jueces y fiscales que filtren información sobre investigaciones en curso, "hay un propósito subalterno" que buscaría limitar "la labor investigativa de la prensa". 

En entrevista concedida al diario El Comercio, recordó que el Código Procesal Penal "establece que las investigaciones tienen el carácter de reservadas" y en el en caso de que un juez o un fiscal incumpla esa disposición "es sometido a un proceso disciplinario" que puede llevar hasta la destitución del cargo.  

En ese sentido, dijo que cabe preguntar cuáles son las razones "por las que a estas alturas se pretende criminalizar este comportamiento".

"La postura nuestra es que consideramos que, en primer lugar, es inadecuado, porque ya hay una sanción. Y lo segundo es que consideramos que tras este proyecto hay un propósito subalterno, porque hay que reconocer el trabajo importante que históricamente ha realizado la prensa para devlear serios actos de corrupción", señaló. 

Barrios indicó que si un comportamiento se criminaliza -el de los jueces y fiscales en este caso- por "línea de participación en un delito también puede incluirse a instigadores", grupo en el que puede incluirse a periodistas. 

"Además, puede vincularse a un tema de complicidad, el que colabora con el evento delictivo y también puede ser materia de una sanción" penal, puntualizó la titular del Poder Judicial. 

Proyecto de ley que criminaliza filtraciones de fiscalía

El viernes 24 de junio, el presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, anunció que el Gobierno había enviado al Parlamento esta iniciativa legislativa que penalizaría a funcionarios públicos que revelen información de procesos judiciales a terceros.

Torres detalló que la propuesta busca terminar "esa forma de prácticamente comercializar la información penal reservada" y sancionarla hasta con cuatro años de cárcel.

El anuncio atizó la polémica desde un inicio y fue criticado por varios sectores periodísticos del país, que cuestionaron que la iniciativa surja en un contexto en que la Fiscalía y el Congreso investigan al presidente Pedro Castillo por presuntamente liderar una organización criminal enquistada en el Ejecutivo, en la que también se ha implicado a otros personajes vinculados con el actual régimen que están prófugos de la Justicia.

En ese sentido, el Consejo de la Prensa Peruana (CPP) alertó que el proyecto busca "blindar a quienes hoy están involucrados en presuntos casos de corrupción" y pidió al Parlamento "no sumarse al juego" y frenar "esta medida oscurantista".

"Se quieren ocultar presuntos delitos y se quiere proteger al primer funcionario público de la nación que es el presidente", coincidió en declaraciones a RPP Noticias el representante de la Sociedad Nacional de Radio y Televisión (SNRTV), Gustavo Gómez.

Por su parte, el decano del Colegio de Periodistas del Perú, Ricardo Burgos, calificó de "inconstitucional" la propuesta del Gobierno, que interpreta como un "intento de colocar una venda en los ojos de la sociedad a través de la prensa".

"Es una ley mordaza, es una ley con nombre propio. Es un proyecto de ley que esperamos que el Congreso no legisle", concluyó Burgos en diálogo con RPP Noticias.